Justicia Legítima
Iván Lima M.
30/07/2015 - 12:18

Potosí, la detención preventiva y los actores no conocidos

Los Jueces de un país están obligados a ejercer en todas sus decisiones el control de constitucionalidad y de esta forma garantizar a cada ciudadano el cumplimiento efectivo de todos sus derechos.  Para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho, los jueces no pueden actuar por miedo, ni dar la impresión de actuar por presión de los otros poderes del Estado.  La situación no es nueva, porque en todos los momentos de la historia y en todos los países los Jueces reciben presión del poder político, de los movimientos sociales, de la prensa y del poder económico. Es contrario a la imagen institucional emitir sentencias que no se cumplan o lo que es mas grave cambiar una decisión en menos de 48 horas de asumirlas. El Poder Judicial a diferencia de los restantes poderes, debe lograr un equilibrio entre los derechos colectivos y los derechos personales, existen derechos individuales que no admiten ninguna concesión: jamás es admisible la tortura, en ningún caso se aceptara la muerte de una persona.  Superado ese margen los demás derechos deben ser resguardados en equilibrio con los derechos colectivos; las leyes de punto final y amnistía, aquellas que declaran la prescripción o la extinción de los casos de lesa humanidad, deben ser interpretados conforme al derecho a la verdad de las victimas y la sociedad.  Finalmente los Jueces han encontrado en la “dignidad humana” un valor que orienta las decisiones en los casos difíciles y permite establecer criterios de prudencia que no permitan dañar su imagen institucional y evitar que los jueces sean vistos como un apéndice del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.  Porque si eso ocurre los ciudadanos no cuentan con otro medio de hacer justicia que no sea por mano propia y eso destruye la democracia.

UN POCO DE HISTORIA NORMATIVA RECIENTE.

El mes de septiembre de 2012, el Minero Héctor Colque, murió por un explosivo corto de dinamita durante el ataque de los mineros cooperativistas a la sede de la FSTMB en El Prado de La Paz.  Los medios de comunicación exhibieron los videos, la Fiscalía anunció  investigaciones y el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 1359, 26 de septiembre de 2012, que establece:

“Se prohíbe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, … por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.”

Mas adelante la Asamblea Legislativa, aprobó la Ley No. 400 de Control Armas y Explosivos,  y determino la creación de un nuevo delito a una acción como la ocurrida en los últimos días:

Artículo 141 Quinceter. (ATENTADO CONTRA BIENES PÚBLICOS). El que atentare contra bienes públicos utilizando armas de fuego, explosivos, en manifestaciones, mítines, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años.

Ambas instancias Poder Ejecutivo y Legislativo, determinan que la solución al uso de explosivos en  la protesta social es emitir una norma.  Me pregunto si la norma legal puede hacer que la realidad cambie, que las acciones puedan ser investigadas y juzgadas exitosamente.  Establecida la norma el Fiscal General esta obligado a perseguir a los imputados (bajo sus propios y personales criterios de política criminal) y el Poder Judicial debe juzgar. En ese momento los medios asumen que la “Justicia” en general es la culpable de la demora, de la mala investigación y el deficiente diseño de la ley.

EL CASO CONCRETO.

En el caso concreto que analizamos la perspectiva del Ministerio Público es jerárquica y las decisiones son asumidas por el Fiscal General del Estado quien puede ordenar a los Fiscales del país las decisiones de política criminal y las estratégicas de investigación.  Contrariamente en el Órgano Judicial, la cabeza de la Justicia -que es colegiada- no puede ordenar nada a los jueces cautelares, sino más bien debe preservar que la decisión de la Juez del caso sea independiente de toda influencia externa (de todo Viceministro o Asambleísta) o interna (de  todo Consejero o Magistrado).

(a) El Ministerio Público solicita a la Jueza Lía Cardozo, el viernes 24 de julio de 2015, la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de tres miembros del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Fabián Choque Uño, Agustín Mendoza Mamani, y el periodista Juan Carlos Paco Veramendi.  En horas de la tarde del mismo día la Juez acudió a la Sala de Emergencias del Hospital General y dispuso la detención preventiva del ciudadano Jorge Coparico.

(b) La misma juez Lía Cardozo, el lunes 27 de julio, determinó la cesación de la detención preventiva. Esto pese a que el Ministerio Público se había mantenido en su solicitud y pedía que se mantenga la detención preventiva de los cuatro ciudadanos.  

Es importante destacar las declaraciones de Emmanuel Colombié, responsable de RSF: “Reporteros sin Fronteras pide que sea puesto en libertad inmediatamente Juan Carlos Paco Veramendi, quien no hacía sino su trabajo de periodista cuando ocurrieron los hechos … Solicitamos al gobierno y a la justicia boliviana que no criminalicen el trabajo de los periodistas. La detención preventiva de Juan Carlos Paco Veramendi no está justificada, pues la Fiscalía no ha investigado seriamente los hechos ni ha ofrecido pruebas de su participación en los actos de violencia”.

En ese contexto de urgencia, resulta que el Ministerio Publico actuó coherentemente y se mantuvo siempre en su posición de exigir la detención preventiva de estos ciudadanos. Lo que llama la atención es que la Juez Lía Cardozo, el fin de semana, haciendo abstracción de la grave crisis institucional del país no señala una audiencia ni el sábado, ni el domingo y el día lunes revoca su decisión y dispone que estos ciudadanos sean juzgados en libertad.

LA DETENCION PREVENTIVA EN BOLIVIA.

Uno de los problemas centrales en la región es la “Prisión Preventiva” y este nombre se da porque en Bolivia y en todos los países no contamos con separación entre los detenidos que esperan un juicio y los condenados que ya tienen una sentencia firme. Las cifras son alarmantes en Brasil existen 549.577 personas en prisión de las cuales 191.024 están en prisión preventiva.  Nuestro país tiene alrededor de 11.000 ciudadanos en prisión preventiva.  Para comparar eficiencia de cada sistema penal se analiza cuantas personas están detenidas por cada 100.000 (cien mil) habitantes, con esas cifras se tiene un ranking de personas privadas de libertad: Bolivia 129 personas por cada 100.000, Brasil 268, Chile 305 y Estados Unidos 716 (los norteamericanos tiene entre rejas 2,2 Millones de personas y  a esa cifra habría que sumarle los condenados a pena de muerte).  Esa gran cantidad de privados de libertad hacen que los países gasten cantidades fabulosas para mantener a las personas en la cárcel en México se gasta 446 Millones de Dólares, en Chile 92 Millones de Dólares, en Perú y Argentina 98 Millones de Dólares. En Estado Unidos el parámetro escapa al análisis porque en algunos casos y en algunos Estados la detención de UNA sola persona puede costar 50.000 $us por año.  En nuestro país el costo directo es de 12 millones de dólares. El mensaje que quiero transmitir es que el sistema penal es una caja sin fondo, que no soluciona la seguridad ciudadana, no por detener a mas personas desaparece el delito y fijar penas altas o la muerte no hace que los delincuentes dejen de cometer delitos.  

En ese contexto la Constitución Boliviana, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nuestro ordenamiento jurídico han establecido con precisión absoluta que principios rigen la detención preventiva el primero es el principio de inocencia y el segundo el de excepcionalidad.  Todos los ciudadanos deben estar seguros que se los tratara como inocentes hasta que el Poder Judicial no determine una condena y la declare ejecutoriada; mientras no ocurra ello la detención preventiva debe ser EXCEPCIONAL, nunca de ninguna manera puede afectar el trabajo de los ciudadanos.  En Bolivia a diferencia de muchos estados hemos garantizado de forma amplia la posibilidad de ejercer los derechos políticos colectivos y bajo ese contexto no existe posibilidad de que esos ciudadanos destruyan la prueba, obstaculicen el proceso o eviten el desarrollo del proceso. Si esto es así la única posibilidad para detener a estas personas era que exista un “riesgo de fuga” y el análisis del Juez debe estar relacionado con la dignidad del ser humano y sus condiciones personales, no por su patrimonio, nuca por su pobreza. En nuestro país, desde hace unos años los Jueces Cautelares se han convertido en maquinas expendedoras de detenciones, si el imputado no presenta registro domiciliario, certificado de trabajo y familia conocida su detención es automática.  Es decir que una persona sin casa, sin trabajo y obviamente con su familia en otra ciudad, automáticamente debe ser detenido. No es acaso ese el motivo de la protesta social, no se está buscando una vivienda digna, un trabajo y la posibilidad de cuidar a sus familias.  Uno periodista, otro herido los cuatro ciudadanos dispuestos a asumir en su vida el reclamo de otros, parece que no existe en una persona de esas características ningún deseo de la fuga propia de los cobardes.  En general si revisamos el perfil de TODOS los detenidos en nuestras cárceles, debemos asumir que como sistema judicial estamos deteniendo y condenando a la pobreza y no al delito en la mayor parte de los casos.

LA RENUNCIA DEL DIPUTADO VICTOR BORDA Y EL ROL DE LOS ASAMBLEISTAS.

En el inicio de esta crisis el Diputado Borda explicó que renunciaría a su cargo, al parecer no cumplirá su palabra.  A los pocos días de su “no renuncia” declaró a la ANF que presentará un proyecto de ley que plantea eliminar la figura de la cesación de la detención preventiva para quienes estén imputados por asesinato, feminicidio y/o violación de infante, niña, niño y adolescente. Dice la ANF en su nota que: “La propuesta de normativa elaborada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado del MAS, Víctor Borda, pretende eliminar el cesación de detención y las medidas sustitutivas a la detención preventiva contra quienes sean probables autores o partícipes de delitos considerados de gravedad, además de presentar riesgo de fuga.”

Nuevamente la Asamblea Legislativa continua en su línea de pensar que la “prisión preventiva” debe violar las garantías constitucionales.  La propuesta es absolutamente inconstitucional e inconvencional; el que existan propuestas de este tipo muestra que no es la “JUSTICIA” la causante de la crisis judicial, una gran parte del problema lo causa la Asamblea Legislativa y el afán de pretender quedar bien con la población creando leyes absolutamente inconstitucionales  que generan responsabilidad internacional del Estado boliviano y buscan obligar a los jueces a aplicar leyes en contra de la Constitución.  Una gran parte de la crisis de la Justicia fue generada por la Asamblea Legislativa y ahora algunos de sus miembros tienen el firme propósito de seguir ese camino.

Lo que llama la atención y la pregunta final esta en considerar si la actuación de los Jueces Cautelares es independiente o median presiones políticas en su decisiones.  El conflicto de Potosí, llama la atención porque muchos de sus actores judiciales alegan ser Potosinos. El actual Gobernador es el ex Diputado Cejas quien siguió el juicio contra los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.  Me llama la atención que quienes piden la detención y quienes designaron jueces tienen algo en común, todos ellos son o alegan ser Potosinos. La historia en algún momento desentrañara y descubrirá que rol fue cumplido por todos los actores del conflicto.  Concluyo indicando que como en toda institución se tiene gente buena y mala, como siempre hay que pedir a los medios que no hablen de la JUSTICIA EN GENERAL y que comiencen a individualizar a los Jueces ya que cada uno tiene una vida, una historia y un juramento de lealtad a la Constitución que en muchos casos se honra día a día. 

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