Justicia Legítima
Iván Lima M.
23/07/2015 - 18:12

Los grandes obstáculos para la renovación de la justicia

El conflicto entre AMABOL y el Consejo de la Magistratura sube de tono y daña la imagen institucional del Organo Judicial. La Sentencia Constitucional emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, determinó en su decisión la existencia de una “carrera judicial transitoria” y asegura que el Consejo “no revisó el Escalafón Judicial” pese a que el plazo está vencido y por tanto ordena que en el plazo de seis meses se proceda a realizar y concluir la Evaluación de Desempeño de la totalidad de auxiliares, Jueces y Vocales que cumplen funciones en el Organo Judicial.

(Texto completo: https://www.dropbox.com/s/62t39pv383j6tjn/AMPARO%20COCHABAMBA.pdf?dl=0  )

La Sentencia inicialmente recoge los argumentos de AMABOL que son muy duros y afirman que los Consejeros, no solo omitieron sus deberes, sino que su objetivo es vender los cargos judiciales mediante subasta al mejor postor, es una grave afirmación:

7.- Lejos de cumplir con el mandato constitucional de revisar el Escalafón Judicial e institucionalizar todos los cargos declarados transitorios, no obstante el tiempo transcurrido hasta hoy, los Consejeros de la Magistratura decidieron aprobar un Reglamento de Preselección. Evaluación y Designación de las y los Vocales de Tribunales Departamentales de Justicia que les permita generar un "banco de postulantes" a fin de realizar designaciones discrecionales y al mejor postor.

El argumento de AMABOL rescata el principio de depuración de la justicia. Afirma que en el Organo Judicial tenemos manzanas podridas, y con ellos jueces y Vocales que no pueden ser cuestionados por estar 15 o más años en la justicia y aún mas si esos 15 años realizaron un buen trabajo:

por cuanto existen funcionarios con 15 o 20 años de servicio cuya experticia tiene que tomarse en cuenta, se debe determinar quiénes han cumplido adecuadamente y se realice una depuración. siendo ese el fondo de la Acción de Cumplimiento, ratificando su petición de que se conceda la tutela.

Con esos argumentos, la Sala Penal Tercera, reconoce la existencia de una carrera judicial previa, conformada por los ciudadanos que ingresaron a la carrera judicial mediante el Instituto de la Judicatura:

“ … funcionarios jurisdiccionales (Vocales y jueces) que ingresaron por convocatoria o a través del Instituto de la Judicatura resultan ser parte de la carrera judicial pero de momento transitorios; y la segunda etapa una vez cumplida esta revisión, en la que deben aplicarse las nuevas disposiciones de la Ley 025, en la que se establece nuevos parámetros como los de temporalidad en el ejercicio de sus funciones como es el caso de los vocales.

En ese estado del análisis y luego de establecer, los principios constitucionales y jurisprudenciales que aplican al caso, se ingresa al la pregunta legal central ¿el Consejo de la Magistratura reviso el Escalafón del Organo Judicial? . La respuesta se inicia definiendo que debemos entender por escalafón y su relación con la carrera judicial:

En suma el escalafón se refiere a la organización del personal de una entidad, institución, u organización, en el caso del Organo Judicial, el escalafón se relaciona con la carrera judicial, esto mismo se puede observar en distintas legislaciones de otros países.

Definido su alcance, la Sala establece que el Consejo no ha revisado el Escalafón, porque su trabajo fue forma y se limito a digitaliza los documentos de las carpetas y establecer que los funcionarios cumplieron con las condiciones de ACCESO A LA CARRERA:

“… se concluye que primero se debe conocer el resultado de la revisión de escalafón sujeta a un reglamento bajo un sistema de evaluación de desempeño de quienes están en funciones y si existe un desempeño negativo bajo parámetros previamente establecidos recién operaría la convocatoria en la que también pueden participar los que se encuentren con evaluación negativa y se entiende que los que tienen un desempeño satisfactorio en términos de idoneidad y eficiencia, deberían continuar en funciones y en carrera judicial, razonamiento que es aplicable a todos los funcionarios judiciales independientemente de su rango; al respecto nótese que este entendimiento es similar al que se aplica en otras instituciones públicas del país, como ocurre en el escalafón de las Fuerzas Armadas (ver Ley 1405 Art. 97), del Magisterio (Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación), de la Policía Boliviana (ver Ley 734 Art. 22), del Ministerio Público (ver NLOMP a partir de los Arts. 87 y siguientes), etc. además del ámbito internacional como en los Poderes Judiciales de Costa Rica y España.

¿ Qué viene ahora ?

La Sentencia del Tribunal Tercero es de cumplimiento inmediato y obligatorio, mas si esta ha definido un plazo que vence el 21 de enero de 2016 (a los seis meses). El Tribunal Constitucional Plurinacional podría revocar esta decisión y dejarla sin efecto, si seguimos el patrón de tiempo su decisión demorara mas de seis meses.  El caso llega a la Comisión de Admisión y es sorteado a una de las tres Salas del Tribunal Constitucional. La imparcialidad de algunos Magistrados de este Tribunal podría estar  cuestionada por haber postulado para ser designados como Vocales de los Tribunales Departamentales.

El Consejo de la Magistratura anunció que iniciará acciones legales en contra de los Vocales de AMABOL y las Vocales del Tribunal Tercero Penal de Cochabamba, si se concreta esa decisión mostrarían poco criterio estratégico. Piensan que un Juez Cautelar de Cochabamba, podrá ser imparcial en el juzgamiento de sus Vocales y si lo fueran, será que los mismos Vocales juzgaran alguna apelación en su propia causa. En general un juicio parece una opción lejana que si va muy bien, demoraría mas de los tres años que aun tienen en el cargo de Consejeros.

La Ministra de Justicia, como tercera interesada, o al menos su argumento no fue mencionaao en la Sentencia. Ella dijo que sea la Cumbre de Justicia la que marque el camino, el problema es que el plazo de seis meses está iniciado y aún no tenemos fecha para la Cumbre.

En ese contexto, no parece un camino seguir juicios, ni esperar Cumbres.  Es importante recuperar el rol central del Tribunal Supremo en la conducción del diálogo y la concertación de un Reglamento de Evaluación de Desempeño que contemple los criterios constitucionales, convencionales y las buenas practicas judiciales en el mundo.  Esos principios contemplan la determinación de un factor justo que defina la cantidad de causas razonables para que un juez sea evaluado. Es posible que un Juez que atiende 3.500 expedientes en La Paz, pueda ser evaluado igual que un Juez de Provincia con 56 expedientes.  Cuánto tiempo toma dictar una Cautelar en un caso de hurto y cuánto tiempo toma dictar una Sentencia en un caso de nulidad de contrato de asociación.  La evaluación parte de comparar un “buen juez” con los jueces en funciones en el caso concreto.

Esto es central para el reclamo de los Jueces y Vocales honestos, que no se coloque a todos los jueces en la misma bolsa y que le quede claro al país que mientras hay jueces que trabajan de sol a sol, hay otros que llegan a las 11 de cada día a firmar el trabajo que hacen por ellos. 

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