Las sanciones sectoriales de amplio espectro que aplican a países que enfrentan la pandemia del coronavirus, como Cuba y Venezuela, deben ser reevaluadas de manera urgente, aseguró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Según Bachelet, éstas podrían tener una repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos.

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó Bachelet en un comunicado.

Según la funcionaria, las sanciones deben atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países.

“En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos. Las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo la Alta Comisionada.

Venezuela

Bachelet resaltó que en Venezuela algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante.

“Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”, argumentó.

Agregó que es de especial importancia la protección de la salud de los propios trabajadores sanitarios y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque estos señalen las deficiencias de la respuesta a la crisis.

 “Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”, recordó.

La responsabilidad de los sancionados

La Alta Comisionada pidió la unidad de los dirigentes mundiales: “La cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales en todo momento para promover los derechos humanos; y ahora también son vitales para promover los intereses nacionales de cada país”. 

Bachelet agregó que los países sancionados deben proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población.

Además, según la funcionaria, deben aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.

“Ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, afirmó, en alusión al llamamiento formulado la semana pasada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que instó a “una acción política coordinada, decisiva e innovadora” para frenar la propagación del COVID-19.