La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este viernes que la liberación de detenidos por el Gobierno de Venezuela, marca un nuevo compromiso con la resolución de desafíos en derechos humanos; la declaración se da un día después de la presentación de un informe en el que se destaca la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política” en Venezuela.

“La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas; la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni. Así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo Michelle Bachelet.

El informe, que abarca de enero de 2018 a mayo de 2019, afirma que el estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas. 

“El uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de seguridad de las fuerzas especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo hoy hace una semana”, agregó.

Según la investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, los venezolanos sufren desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud y la alimentación. 

“Las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”, aclaró Bachelet.

Para terminar sus declaraciones, la alta funcionaria confió en que “las autoridades reciban las recomendaciones incluidas en el informe de la misma forma constructiva en la que fueron redactadas”.

A preguntas de los periodistas, Bachelet explicó que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina: “La idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.

También destacó que ahora nos encontramos ante una situación diferente con respecto a los dos informes anteriores de 2015 y 2017, cuando no había nadie de su Oficina en el país, ya que Venezuela ha aceptado la presencia de dos oficiales de derechos humanos cooperando con las autoridades, pero también observando y hablando con la sociedad civil.

“Por ello, creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno. Creemos que es el momento para este proceso. Debemos priorizar esto porque hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad y tenemos que darle una posibilidad a esa oportunidad”, destacó.

Informe sesgado

Tras la presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, William Castilo, presentó 70 observaciones al documento, asegurando que “ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa”.

“Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio por abordarlos debe considerar las causas estructurales… Exigimos la corrección de su contenido [del informe] e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su Oficina´”, puntualizó el vicecanciller.

No obstante, aseguró que, tal y como le dijo el presidente Nicolas Maduro, “Venezuela atenderá las recomendaciones constructivas que usted haga con miras a fortalecer los derechos humanos y apuntalar el estado social de derechos y justicia”.