Perú
Redacción Oxígeno
13/05/2019 - 13:33

La Justicia española aceptó la extradición de César Hinostroza, exjuez supremo de Perú

El exjuez supremo está acusado por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible del Código Penal peruano.

César Hinostroza es investigado por corrupción.

La Audiencia Nacional de España decidió extraditar al exmagistrado César Hinostroza, antiguo juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que lo juzga "por delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible del Código Penal peruano".

Esta negociación incompatible, prosigue el auto, se correspondería con los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario del Código Penal español. Por el contrario, la Audiencia Nacional de España no concede la extradición por el delito de organización criminal, como solicitaba Perú.

La Justicia de España explica que en la resolución judicial se describe a Hinostroza como líder de la organización y a los consejeros, finalmente no imputados por este delito, como los que cumplían la función de nombrar y ratificar magistrados. Sin embargo, la resolución añade que el Pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al exmagistrado, mientras que se archivó para el resto de investigados. Por esta razón, la Justicia española concluye que “parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”.

La defensa de Hinostroza aún puede apelar la decisión, alegó que su representado era víctima de una persecución política y también afirmó que el estado de las prisiones peruanas es incompatible con garantizar la seguridad y dignidad de su cliente.

El caso

En junio de 2018, una investigación periodística descubrió, a través de filtraciones de conversaciones telefónicas, la existencia de una mafia denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, la que estaba compuesta por jueces, fiscales, políticos y empresarios.

Esta estaba dedicada a delitos de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos dentro del sistema judicial. Dentro de la organización, según la Fiscalía, Hinostroza ejercía liderazgo junto con otros jueces supremos.

Hinostroza fugó hacia España en octubre pasado, siendo capturado por la Interpol a los pocos días de arribar a Madrid.

Repercusión
La Defensoría recuerda al Gobierno su obligación de resguardar la privacidad de pacientes de coronavirus
04/06/2020 - 16:21

La reacción de la Defensoría llega después de que el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, advirtiera con revelar la identidad de las personas enfermas con coronavirus que rompan la cuarentena y no se aíslen como marcan los protocolos de bioseguridad.

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades del Gobierno que tienen la obligación constitucional de resguardar la privacidad, intimidad y dignidad de todos los pacientes de coronavirus y les solicitó se abstengan de emitir criterios reñidos con el ordenamiento jurídico nacional.¿

“La Constitución Política del Estado y los pronunciamientos de instancias internacionales denotan la obligación de protección que las autoridades del Estado deben observar en cuanto al derecho a la intimidad, privacidad y dignidad de los bolivianos, y en específico de todos los pacientes que adolecen de Covid-19 sin discriminación”, resaltó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad defensorial fue enfática en señalar que “la ley fundamental funda que la dignidad de la persona es inviolable, respetarla y protegerla es deber primordial del Estado”.

También mencionó que la Ley 3131 de Ejercicio Profesional Médico determina que todo paciente tiene derecho a la dignidad y a la confidencialidad, más aún, en un contexto de miedo y confrontación que se ha generado ante medidas reñidas con la ley que pueden poner, además, en riesgo la vida e integridad de las personas y su entorno familiar.

A esto se suma, dijo la Defensora, que varios organismos internacionales se manifestaron en ese mismo sentido y señalaron que los Estados tienen la obligación de preservar la privacidad de las personas. Así lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Human Right Watch, entre otras.

La reacción de la Defensoría llega después de que el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, advirtiera con revelar la identidad de las personas enfermas con coronavirus que rompan la cuarentena y no se aíslen como marcan los protocolos de bioseguridad

El primero en hablar al respecto fue el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, quien incluso advirtió que se pondrá letreros para identificar las casas donde hay pacientes del Covid-19.

“Hemos decidido que gente que esté con coronavirus y que no quiera aislarse, vamos a poner un letrero en su casa diciendo que ‘aquí hay Covid-19’”, advirtió el Ministro.

Señaló que las autoridades no pueden soportar que “gente irresponsable” ponga en peligro al resto de la población

“Por lo tanto, las personas que desde hoy, sabiendo que tienen Covid-19 y no quieran ir voluntariamente a un centro de aislamiento o respetar el aislamiento en su casa, vamos a poner un precintado que diga ‘COVID-19’. Eso vamos a hacer”, insistió el ministro Arias, según un reporte de La Razón.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, ratificó que se analiza revelar la identidad de los enfermos con coronavirus, porque esa gente pierde su derecho a la reserva el momento en el que empieza a afectar los intereses de otros ciudadanos.

“Al momento de no cumplir con la cuarentena se está violando la seguridad y los derechos de la sociedad, en mérito a ello, va a haber otra contemplación para que visibilicemos los nombres y también se haga una posición de identificación dentro de las urbanizaciones y zonas, sean en La Paz, El Alto o provincias”, aseveró Chapetón.

//César Sánchez
Polémica
El Gobierno pide que la Defensoría presente pruebas de que la seguridad del periodista Arias está en riesgo
04/06/2020 - 16:21

"Inmediatamente se conozca la formalización de aquello daremos la instrucción para que se indague”, aseveró el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presente una denuncia ante las instancias correspondientes y presente las pruebas respecto a que la seguridad del periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, está en riesgo.

Señaló que si se comprueba tal extremo, “daremos la instrucción para que se indague” el hecho.

“Acabo de enviarle una nota a la Defensora. La nota exhorta a la Defensoría a apersonarse ante la autoridad jurisdiccional, policial o competente para presentar algún documento que respaldara poner en riesgo la seguridad del ciudadano Arias, o más complicado todavía, que tuviera falta de garantías como dice en las misivas”, manifestó Santamaría.

En conferencia de prensa, el Viceministro cuestionó que la Defensora haya hablado de falta de garantías del periodista e insistió en que “inmediatamente se conozca la formalización de aquello daremos la instrucción para que se indague”.

Ayer, el periodista Junior Arias anunció que tomó una “licencia temporal” de su trabajo en Gigavisión, ante lo que considera una falta de garantías para llevar adelante su trabajo, tras una polémica surgida por revelar un supuesto hecho de corrupción en el Ministerio de Gobierno y una dura respuesta de esa Cartera de Estado.

A eso se sumó que en su noticiero de medio día, el  gerente propietario de la Red Gigavisión, Jorge Arias, describió la situación que desde hace meses enfrenta este medio, que comenzó con la suspensión de la publicidad estatal como una forma de presión, que pasó a amenazas y amedrentamientos y persecución que raya en la intención de maquinar y urdir un plan para crear pruebas e iniciarles procesos penales.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que “las amenazas y amedrentamiento” del Ministerio de Gobierno devela que en el país hay una censura indirecta al periodismo.

“La licencia forzada del periodista Junior Arias pone en evidencia la censura indirecta que ha ejercido el Ejecutivo a través de amenazas, incluso, a través de la restricción de la pauta publicitaria en ese medio televisivo (Gigavisión), lo cual se constituye en la afectación a la libertad de prensa y de expresión y que además vulnera el derecho de la población al acceso a la información”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

//César Sánchez
Repatriación
8.849 bolivianos fueron repatriados durante la cuarentena
04/06/2020 - 14:29

De esa cantidad, 6.715 compatriotas ingresaron al país por vía terrestre y 2.134 por vía aérea.

La Dirección General de Migración registró 8.849 repatriaciones en los más de dos meses de cuarentena, desde el 22 de marzo al 2 de junio de 2020. 

De acuerdo a los datos de Migración, de esa cantidad, 6.715 compatriotas ingresaron al país por vía terrestre y 2.134 por vía aérea.

Asimismo, la Dirección General de Migración informpo, a través de un comunicado de prensa, que “una mayoría de los connacionales se sometió a una cuarentena de 14 días antes de llegar a sus regiones; en algunos casos, cumplieron todo el proceso de cuarentena en los países de los que provenían, como por ejemplo Chile; así también hubo grupos que terminaron el aislamiento en nuestro territorio”.

Vía aérea

En específico, de los 2.134 bolivianos que regresaron al país ór vía aérea, 1.800 arribaron por el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz; 210 por el aeropuerto Jorge Wilstermann, Cochabamba, y 124 por el aeropuerto internacional de El Alto.

Repatriaciones terrestres

Del total de 6.715 compatriotas que ingresaron por vía terrestre, 3.767 ingresaron por Pisiga, Oruro; 1.117 por Estación Avaroa, Oruro; 933 por Yacuiba, Tarija; 512 por Puerto Suarez, Santa Cruz; 154 por Desaguadero, La Paz; 97 por Bermejo, Tarija; 60 por Villazón, Potosí; 40 por Guayaramerín, Beni y 35 por el Puente Internacional, Pando.

//César Sánchez
Elecciones
Choque sobre la fecha de las elecciones: El Presidente del TSE tendrá que fundamentar su propuesta
04/06/2020 - 14:29

“Que quede claro que nos somos los parlamentarios los que estamos poniendo fecha es el TSE y en su explicación Salvador Romero deberá exponer y garantizar que hasta el 6 de septiembre no habrán infectados para no hacer modificaciones y ampliaciones nuevamente; este año se debe llevar a cabo las elecciones”, manifestó el Presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, señaló hoy que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, tendrá que exponer ante la Cámara Baja los argumentos que lo llevaron a proponer que los comicios generales desarrollen el 6 de septiembre, y no dentro de los plazos establecidos por la Ley de Postergación de las Elecciones.

 “Vamos a tratar el proyecto en cuanto llegue a la Cámara de Diputados y se invitará a Salvador Romero para que fundamente por qué se pretende ampliar a la fecha calendario que se ha establecido en primera instancia”, dijo.

Choque dijo que todos los aspectos para una posible segunda vuelta, presupuesto y acciones para garantizar la seguridad de los votantes entre otros temas deben ser respondidos y fundamentados por Romero.

Las elecciones generales en Bolivia estaban programadas inicialmente para el 3 de mayo, pero fueron postergadas por la emergencia del coronavirus. En ese sentido, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promulgó, el jueves 30 de abril, la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que establece un plazo máximo de 90 días computables desde el 3 de mayo para celebrar los comicios, es decir hasta el 2 de agosto de este año.

“Que quede claro que nos somos los parlamentarios los que estamos poniendo fecha es el TSE y en su explicación Salvador Romero deberá exponer y garantizar que hasta el 6 de septiembre no habrán infectados para no hacer modificaciones y ampliaciones nuevamente; este año se debe llevar a cabo las elecciones”, manifestó Choque.

//César Sánchez
Renuncia
José María Leyes renuncia al cargo de Alcalde de Cochabamba
04/06/2020 - 13:57

Leyes aún no presentó su renuncia ante el Concejo Municipal. Entre sus motivos, señaló que su maandato legal ya feneció el 31 de mayo y denunció ser víctima de persecusión por parte del Gobierno.

José María Leyes anunció, la mañana de este jueves, que presentará su renuncia al cargo de Alcalde de la ciudad de Cochabamba.

En conferencia de prensa, Leyes fundamentó su decisión al afirmar que su mandato feneció el 31 de mayo y que fue y es víctima de “persecución” política de parte de las autoridades y ex autoridades nacionales.

“Reafirmo mi convicción democrática de respeto a la voluntad popular. El pueblo me eligió por 5 años como Alcalde y eso concluyó el 31 de mayo de este año. No creo en prorroga de mandato, normalmente son excusas de aquellos que tiene espíritu de tiranos”, señaló Leyes, según el reporte de Los Tiempos.

El pasado 27 de mayo, Leyes había sido aprehendido por la contratación, presuntamente irregular, de un restaurante para proveer alimentos a la Policía y los militares sin que la empresa haya presentado el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

En esa oportunidad, Leyes acusó al actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de ser quien ordenó el allanamiento a su casa y su posterior aprehensión y hoy señaló que el Gobierno actual es “peor” que el anterior que estaba a la cabeza del MAS.

“Mi familia ha sido perseguida humillada, maltratada y ahora puesta bajo amenazas de que si no dejo la alcaldía ellos sufrirán las consecuencias. Bajo esta situación me es imposible continuar al mando del municipio por ello he tomado la decisión de alejarme de la alcaldía de Cochabamba”, expresó en una conferencia de prensa.

Cabe recordar que en el pasado Leyes estuvo con detención preventiva, y luego domiciliaria, por la adquisición supuestamente irregular de mochilas escolares.

//César Sánchez

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