El Papa Francisco ha autorizado la modificación del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, declarando “inadmisible” la aplicación de esta condena en cualquier caso, y pide su abolición en todo el mundo.

La nueva redacción de este artículo dice que: “La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’”, además afirma que la Iglesia “se compromete con determinación a su abolición (de la pena de muerte) en todo el mundo”.

También explica que “durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común”.

Sin embargo, “hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado”.

Por último, recuerda que “se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente”.

El cambio lo planteó San Juan Pablo II

El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Francisco Ladaria, envió una carta a los obispos en la que señala que esta nueva redacción es la culminación de un proceso comenzado por San Juan Pablo II, explicado en la Encíclica Evangelium Vitae  y continuado por Benedicto XVI; finalmente el Papa Francisco pidió “una revisión de la formulación del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte”.

El Cardenal también explica que “a esta conclusión se llega también teniendo en cuenta la nueva comprensión de las sanciones penales aplicadas por el Estado moderno, que deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y la reinserción social del criminal”.

Además recuerda que “dado que la sociedad actual tiene sistemas de detención más eficaces, la pena de muerte es innecesaria para la protección de la vida de personas inocentes”.

Versión anterior de 1992

 Artículo 2266: La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo.