Los operativos represivos del Gobierno de Nicaragua contra protestas opositoras dieron como resultado al menos 212 muertos y 1.337 heridos, según el informe presentado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Según cifras relevadas por la CIDH, la acción represiva del Estado ha producido al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio", dice el informe "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua".

Además, "cientos de personas [se encuentran] en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación", añade el documento basado en la información que recabó la misión que la CIDH que visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo.

.La CIDH concluye que "la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político", usando la fuerza de manera excesiva y arbitraria, el empleo de grupos parapoliciales o de choque, "con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales".

El Estado también sería responsable de poner obstáculos a la atención de heridos, como forma de represalia, detenciones arbitrarias de jóvenes manifestantes, campañas de estigmatización, censura, amenazas e intimidaciones a líderes sociales y falta de diligencia para investigar las muertes y lesiones ocurridas, señala el informe.

Violencia contra las fuerzas del orden

El informe también se refiere al uso de violencia por parte de actores civiles. Se detalla que "particulares y grupos de civiles han atacado a las fuerzas de seguridad, grupos de choques, personas y medios afines al Gobierno. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos cinco policías han perdido la vida y 65 han resultado lesionados en el contexto de las protestas".

El Estado también denunció ante la comisión un aumento de actos violentos contra fuerzas de seguridad, grupos de choques, personas simpatizantes al Gobierno, así como actos de vandalismo cometidos por grupo "armados" y "encapuchados", sobre todo en los departamentos de Managua, León, Carazo y Jinotega.

La respuesta del gobierno

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la sesión rechazó el informe y aseguró que “no está basado en investigaciones de fondo y no puede tener conclusiones definitivas".

Además, afirmó que el Gobierno "está trabajando con la OEA para la conformación del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para coayudar en las investigaciones penales que el Estado de Nicaragua ya está realizando".