Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y David Kaye, relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, exhortaron a las autoridades de México a que promuevan un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial que garantice la independencia de los medios y libertad de expresión.

"Miembros del Gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información", indica el exhorto difundido en forma simultánea en México, la sede la ONU en Ginebra y de la CIDH en Washington.

 "México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos", argumentan.

El 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de México que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

La Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril,  los expertos de la ONU y la CIDH expresaron su preocupación porque el proyecto de ley deja un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales, y pidieron "establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad".

En criterio de los expertos, la nueva ley debería "prohibir claramente el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios". Organizaciones ciudadanas mexicanas  denuncian que se usa la publicidad oficial para condicionar las líneas editoriales de los medios de comunicación y que el gobierno ha hecho tratos solo con diez grandes medios, empresas de comunicación y agencias intermediarias de publicidad.