El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo en una entrevista que la nueva planta de celulosa de papel de la empresa finlandesa UPM que se instalará en su país para promover las fuentes de empleo.

"Hemos trabajado muy fuerte para ver si logramos la instalación de una tercera planta de producción de pasta de celulosa, ¿porque nos guste la pasta de celulosa? No, porque genera puestos de trabajo", dijo Vázquez en un adelanto de una entrevista que será difundida el 9 de noviembre.

Según el acuerdo, se creará una de las plantas de celulosa más grandes en el mundo, Uruguay se3 puede convertir en el quinto exportador mundial de este producto, afirmó hoy a la prensa el ministro uruguayo de Economía, Danilo Astori.

La planta tendrá una capacidad de producción que rondará los dos millones de toneladas de pasta celulosa. El anuncio fue formalizado hoy por el gobierno uruguayo a través del titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quien resaltó los beneficios del proyecto.

García detalló que la inversión total por parte de la empresa y sus socios o proveedores rondará los 4.000 millones de dólares, mientras que el Gobierno uruguayo deberá aportar 1.000 millones para proyectos vinculados con infraestructura.

En Uruguay ya hay una planta en el departamento de Fray Bentos (oeste del país), también de UPM, que desató gran polémica con pobladores vecinos de Argentina, por la presunta contaminación de ríos.

Varias entidades ambientales uruguayas crítican la instalación de esta nueva planta, por los impactos sociales y ambientales que esta pueda generar. La primera planta que instaló la papelera finlandesa en Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, generó tensiones entre el país sudamericano y su vecino Argentina. El emprendimiento se sitúa sobre las aguas binacionales del río Uruguay, límite natural entre los países.

El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.