El canciller Heraldo Muñoz recibió este jueves a cuatro de los cinco magistrados venezolanos que solicitaron asilo político en Chile y que estaban desde agosto en la sede diplomática del Chile en Caracas. El quinto juez está en EEUU y se prevé que arribe a Santiago esta tarde.

Se otorgó a los cinco jueces el permiso de residencia por dos años. Muñoz explicó que los magistrados decidieron salir de Venezuela y cruzaron la frontera a Colombia, donde “fueron recibidos por nuestro embajador en Bogotá, y luego se han trasladado por vía aérea”, explicó el canciller.

Según explicó la autoridad Chile pidió los salvoconductos correspondientes al gobierno venezolano, sin embargo, “como eso no ocurrió estos magistrados decidieron salir por su voluntad”.

“Chile, como dice en su himno nacional, es el asilo contra la opresión y por eso los recibimos en la tradición del derecho internacional y de lo que Chile siempre ha hecho cuando quienes estiman que su seguridad está en peligro”, dijo el canciller y añadió que

“Nos obligaron a abandonar a nuestra amada patria Venezuela, pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad. Porque ese es el derecho fundamental del hombre, la libertad y la vida, y nosotros no podíamos permitir seguir más encerrados como estuvimos”, expresó Beatriz Ruiz en nombre de los magistrados asilados.

Los magistrados venezolanos que accedieron a este beneficio son Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, Luis Marcano, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle.

El 21 de julio de este año, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, nombró a 33 magistrados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque consideran ilegítimo el nombramiento de quienes ocupan actualmente esos puestos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro declaró que su designación es nula y que  los jueces estarían cometiendo usurpación de funciones. Los jueces están siendo procesados y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvo a Jesús Rojas Torres y Ángel Zerpa; después de las detenciones los jueces decidieron salir del país o pedir protección a otros países.