La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su repudio al asesinato  de dos activistas hondureños ocurrido en octubre y pidió al Gobierno tomar medidas para asegurar la integridad de aquellos que defienden su territorio. José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) en Honduras fueron asesinados el 18 de octubre, "habían denunciado en repetidas ocasiones y de forma pública la situación de grave riesgo en la que se encontraban", señala la CIDH. 

De acuerdo a información recibida por la CIDH, el martes 18 de octubre de 2016 un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas que viajaban en motocicletas dispararon contra José Ángel Flores, en la cooperativa campesina La Confianza, Tocoa, causando su muerte inmediata. En el ataque resultó gravemente herido Silmer Dionisio George, también miembro del MUCA, quien fue trasladado al Hospital de San Isidro, donde falleció. El ataque a ambos dirigentes ocurrió luego de que los líderes campesinos salieran de una reunión de las Empresas Asociativas del Asentamiento la Confianza,  donde participaban alrededor de 40 campesinos.

La CIDH considera de suma gravedad que el "Estado de Honduras no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de estas personas, teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas y el contexto de violencia ampliamente conocido en contra de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán".

La Comisión urge al Estado a que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.  Con estos asesinatos ya son al menos diez los defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados en el país en lo que va de año.

Los crímenes de Flores y George se producen después de que el pasado mes de marzo fuera asesinada la dirigente indígena Berta Cáceres en el interior de su casa, pese a que también contaba con medidas cautelares de la CIDH, mecanismo de protección que debe aplicar el Gobierno a personas amenazadas. 

Cáceres intentaba proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas del proyecto de la empresa DESA, que pretendía construir una central hidroeléctrica en el noroeste de Honduras. 12 días después fue asesinado Nelson García, destacado miembro del Copinh; en julio también fue asesinada en Honduras la ambientalista Lesbia Yaneth Urquía, que luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en San José.