La Paz, 26 de febrero (Oxígeno).- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo este jueves que a causa de situación de precariedad, falta de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado y abandono las casas de acogida en el país se convierten en espacios donde se vulneran constantemente y de manera sostenida los derechos de niños y adolescentes que albergan.

De acuerdo a datos proporcionados por la Defensoría existen aproximadamente 30.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 76 casas de acogida, de los cuales el 26% han sido internados por maltrato físico y psicológico y 35% por abandono e irresponsabilidad paterna y/o materna.

Estos datos fueron el resultado de una investigación que comenzó en agosto de 2014 sobre la situación de menores que viven en centros de acogida, públicos y privados. Este trabajo posibilitó conocer una serie de hechos que vulneran de manera sostenida y recurrente los derechos de esta población.

“El problema es de tal magnitud y las condiciones en que se encuentran estas instituciones son tan precarias en términos de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado y abandono, que solo se aplican medidas coyunturales mínimas e insuficientes y el problema continúa”, indica una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

“En La Paz, entre las gestiones 2012 y 2013, hemos conocido de cuatro fallecimientos de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en casas de acogida, uno de ellos aparentemente por suicido, además de otras cuatro denuncias de violación conocida por la Defensoría de la Niñez de La Paz, Todos los hechos señalados han sido de conocimiento de las autoridades, sin embargo la ausencia de mecanismos de seguimiento, vigilancia y control desde el Estado y la tendencia social a la invisibilización y el olvido voluntario, hacen que la situación no sufra cambios sustanciales o que se retorne a los mecanismos y conductas vulneratorias cuando dejan de ser temas de la agenda mediática”, afirmó.

Villena refirió que la Defensoría del Pueblo atendió varios casos graves de vulneración de derechos humanos sucedidos en estos espacios, entre los que se encuentran reglamentos que autorizaban la aplicación de castigos inhumanos contra niñas, niños y adolescentes infractores o el encierro en calabozos.  Asimismo, aseguró que muchos menores de edad que se encuentran bajo protección del Estado sufren permanente y sistemática vulneración de sus derechos.

“En relación a los casos de maltrato, abandono y ausencia de protección, hemos identificado la vulnerabilidad, precariedad y en muchos casos, el alto riego en que viven muchas infantes, niñas, niños y adolescentes institucionalizados, es decir aquellas y aquellos que por razones ajenas a su voluntad y condición, se encuentran de manera provisional o permanente en instituciones como las casas de acogida, los hospitales, los centros penitenciarios de adultos y los que acogen a las y los adolescentes en conflicto con la Ley, y las guarderías”, reveló.

El Defensor del Pueblo hizo énfasis en uno de los casos que causaron mayor condena social durante la gestión anterior como es el caso del bebé Alexander. En relación a este tema Villena explicó que la muerte del bebé de ocho meses “ha evidenciado graves vulneraciones a los derechos humanos tan claras y contundentes que deberían procesarse y sancionarse con la más absoluta celeridad, sin embargo han desnudado una vez más la absoluta precariedad y ausencia de políticas del sistema de institucionalización de niñas, niños y adolescentes en Bolivia  y que se reflejan de manera más dramática en los centros de acogida dependientes del Estado”.

Advirtió que el proceso de investigación sobre el caso Alexander, las actuaciones del Ministerio Público y la politización del tema pueden provocar que el tema corra el riesgo que se repita lo ocurrido con la niña Patricia Flores,

El informe destaca que “la atención proporcionada por cada uno de los servidores públicos que tuvieron contacto (con el bebé Alexander) no fue oportuna ni mucho menos prioritaria, ya que los médicos del Hospital del Niño lo reanimaron pero aparentemente fue la decisión adoptada de transferirlo al Hospital Juan XXIII lo que conllevó a la muerte del niño”.

Entre las recomendaciones, planteó  iniciar las acciones investigativas contra Cristina Rojas, ex Directora del Servicio Departamental de Gestión Social, para establecer responsabilidades sobre las denuncias presentadas en su gestión”.

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