La Paz, 07 de septiembre (Oxígeno).- Katherine Grigsby, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, habla sobre el feminicidio en Bolivia. Llama la atención sobre esta problemática en la región. Pide que el Estado boliviano le dé mayor importancia a este asunto que es cada vez más repudiado por la sociedad. Dice que no es suficiente con una ley sin reglamentos ni recursos-

La representante internacional tiene el criterio de que la sociedad boliviana debería exigir respuestas al Estado y a los candidatos a cargos jerárquicos con la perspectiva de que el futuro Presidente, a ser elegido el 12 de octubre, complemente las carencias de la Ley 348 de violencia hacia la mujer y vigorice la lucha contra el feminicidio.

Esta semana se presentará en la ciudad de Santa Cruz el Protocolo contra el Feminicidio, en un evento organizado por ONU Mujeres y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos  

 ¿Cuál es la situación del problema en América Latina?

En la región,  la situación es tremendamente preocupante: México en el norte; Guatemala, Honduras y El Salvador, en el centro, y  en el Sur, Colombia y Bolivia, presentan características inquietantes. No obstante, es importante señalar que el feminicidio no conoce ni edades, ni raza, ni clase social, ni pertenencia económica. El término feminicidio va mucho más allá del asesinato, es entendido como el acto que involucra un conjunto de violaciones sistemáticas que termina en quitarle la vida a una mujer o a una niña. Comienza por una persistencia de agresión verbal, sicológica, física, intrafamiliar en contra de la mujer. Y cuando las víctimas denuncian,  se encuentra con una justicia en la que su palabra no vale mucho.

¿Este problema va en ascenso, se mantiene o va disminuyendo?

El feminicidio es muy poco visibilizado, las estadísticas son un gran problema. Tener estadísticas confiables para saber cuántas mujeres son, quiénes son, dónde están, por qué son, cuál es el origen, las causas y cómo enfrentar el problema, es muy difícil.

¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esa falta de visibilidad del fenómeno?

Porque la sociedad misma, más allá del dolor, la consternación y frente a un acto de crueldad, no logra pasar de ese dolor –hasta vergüenza en algunos casos–  a una exigencia real para que el Estado cumpla su responsabilidad. Entonces, existe impunidad, silencio e incertidumbre.

Sin embargo, se puede llegar a un momento crítico, es decir, el despertar social a raíz de un caso que se vuelve emblemático, como sucedió en México, Guatemala  o Colombia o como está ocurriendo en Bolivia con los recientes casos que provocaron la reacción de instituciones, familias y ciudadanos y ciudadanas de todo el país.

¿En este sentido, cómo ve la situación particular de Bolivia?

Hay un marco  que contribuye  a que se denuncie, a que se alcen las voces de la sociedad boliviana en su conjunto y, esto, tiene que ver con la norma No. 348 o Ley Integral para Garantizar a la Mujer  una Vida Libre de Violencia. Esta norma, que precisamente fue impulsada como efecto de un caso emblemático y a raíz de las presiones sociales,  constituye un marco fundamental para levantar las voces con mucha más fuerza.

Pero, la realidad nos muestra que no es suficiente tener solo una ley. Sobre todo cuando ésta no está respaldada con una reglamentación, con un conjunto de políticas y programas de Estado que protejan y prevengan la violencia contra la mujer de manera integral. Y tampoco es suficiente una ley  cuando los recursos asignados por el presupuesto resultan insuficientes.

Cuando la perspectiva de género no es parte ni de la formación ni del ejercicio profesional de los operadores de justicia, de la Policía, del Ministerio Público, etc. evidentemente  estamos frente a una sensación de vacío, que se refleja en este descontento, desconcierto e indignación.

¿Qué hacer entonces a corto plazo?

En el caso boliviano, creo que estamos en el momento adecuado para tomar decisiones estratégicas como sociedad, de una lucha mancomunada de hombres y mujeres para frenar el feminicidio. Para ello, la prevención es clave  para hacer valer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  Y en la medida en que podamos hacer que esto se haga realidad,  podremos hablar también de un paso más en la democracia.

¿Podría, esta situación, cambiar en el futuro gobierno?

Evidentemente, el fenómeno también cobra realce en un contexto donde la sociedad boliviana se está jugando su futuro en las próximas elecciones. ¿Qué hará el futuro presidente de Bolivia con esa ley para que una situación como la que estamos viviendo se contenga? Esta es la gran pregunta y posiblemente la población boliviana, en el fondo está diciendo ¿qué pasa? este es el momento de alzar las voces ante los candidatos e incidir en esta perspectiva hacia el futuro, es decir, debemos alzar las voces contra este delito cruel que afecta a las mujeres y a la sociedad, exigir que el Estado cumpla su rol y que los candidatos actuales den respuestas a las demandas.

¿Por qué caminos tendría que ir Bolivia para frenar el feminicidio?

Frenar es el resultado que esperamos de todo el trabajo preventivo que tenemos que hacer. Es necesario fortalecer la educación de hombres y mujeres en los tradicionales y nuevos valores de respeto a los derechos de las niñas y mujeres. Tiene que ver con el fortalecimiento de los valores ciudadanos en cuanto al respeto de los derechos a la diversidad y a la tolerancia. Poner en valor y dignificar el rol de la mujer en la sociedad. En eso se puede avanzar.

Hay herramientas que ayudan en ese sentido. Pero, sobre todo, es la decisión de la sociedad boliviana que diga: ¡ya basta! vamos a prevenir para evitar que esto siga sucediendo. Esta es una tarea de toda la sociedad, no es solo del Estado, del órgano judicial, sino de la sociedad en su conjunto. Es un problema de grandes dimensiones y las soluciones deben ser del mismo tamaño.

¿Qué está haciendo la ONU para respaldar esas tendencias?

Estamos trabajando a través de ONU Mujeres, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las distintas agencias de Naciones Unidas.  Todos tenemos un mandato muy claro en relación a la promoción de los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas. Hacemos una vinculación clara entre los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos y la democracia.

La ONU tiene un conjunto de convenciones y resoluciones internacionales  importantes como el movimiento de Beijing y el Cairo en favor de defensa de los derechos de la mujer. A nivel Latinoamérica existe el protocolo contra el feminicidio, que es producto de una iniciativa que nace con la finalidad de contrarrestar el crecimiento del fenómeno.

Este protocolo es una herramienta que tiene una perspectiva de utilización por los movimientos de mujeres con el propósito utilizarla en función de movilizar a la sociedad para la prevención del feminicidio. El protocolo es valioso y tiene distintas formas de aplicabilidad en diferentes contextos, en cada país.

El protocolo, a diferencia de los tratados, no es suscrito por los gobiernos en términos de un acto formal de adhesión a un conjunto de acciones y de concepciones. Sin embargo, tiene fuerza, sobre todo después de haber sido adoptado a nivel regional. Es una herramienta que permite movilizar a la sociedad alrededor de temas sobresalientes y comunes en casos de feminicidio. Este instrumento será presentado esta semana en Santa Cruz en un evento organizado por ONU Mujeres y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.