Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas privadas de libertad en el país, como el hacinamiento que sobrepasa el 225%; la vulneración de derechos en salud o educación; la mala alimentación; el deficiente acceso a servicios básicos y de infraestructura; o la ausencia de programas de reinserción social, es una realidad que no ha variado en los últimos 15 años.

Esta afirmación la hizo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, en la presentación del informe “Volcar la Mirada a las Cárceles” - Situación de vulnerabilidad de las Personas Privadas de Libertad en las cárceles de ciudades capitales de Bolivia, que contiene los resultados de verificaciones realizadas a 19 centros penitenciarios del área urbana del país, entre junio a noviembre de 2018, testimonios de quienes viven en situación de encierro e informes oficiales de distintas instituciones estatales y que se ha visto agudizada frente a la criminalización de la pobreza, la prisionización, la persecución penal y el abuso de la detención preventiva que aplica el actual sistema de justicia.

El referido informe dice luego que “las conclusiones sobre la situación carcelaria relevada no son alentadoras y ratifican problemáticas identificadas tiempo atrás; la sociedad se muestra altamente punitivista como consecuencia de posturas de los sectores más conservadores, el sistema termina criminalizando al débil, al que se encuentra por razones socioeconómicas expuesto al conflicto con la ley o prisionizado por hechos que no son relevantes”.

Para esta autoridad, el desafío es velar por los sectores más vulnerables y que son más débiles frente al poder coercitivo del Estado, que son víctimas del sistema de justicia penal y consecuentemente del penitenciario. En ese contexto dijo que las infracciones penales más recurrentes por las que personas se encuentran en situación de encierro, no son precisamente aquellas más graves. De acuerdo a datos oficiales, los delitos predominantes en orden de importancia, son robo y robo agravado, delitos vinculados a la Ley 1008, violación y violación a niña, niño o adolescentes.

Dentro de los procesos de criminalización, la pobreza juega un rol determinante en la asignación de las condiciones de prisionización de las personas, que una vez privadas de su libertad, son proclives a agravarse por la pérdida del entorno (familia, amistades) y otras limitaciones como las de medios de subsistencia.

“Es necesario mirar autocríticamente las cárceles en Bolivia, cambiar el entendimiento de que aquellas personas que han cometido hechos delictivos han perdido su condición de ‘seres humanos´ y que la única forma de que el tejido social se recomponga, no es el castigo sino reales procesos de recuperación de estas personas”, enfatizó.

Hallazgos

Entre los más importantes hallazgos que describe el informe defensorial, están la existencia de 704 personas adultas mayores, que no cuentan con atención geriátrica y especializada, tienen problemas para acceder a la Renta Dignidad y al Complemento Alimenticio Carmelo; existen 39 personas con discapacidad que no cuentan con las condiciones adecuadas para su movilización; existen 19 pacientes siquiátricos en 7 centros penitenciarios (San Pedro La Paz, COF, Chonchocoro, San Pedro de Sacaba, San Pablo de Quillacollo, San Roque de Chusquisaca y Villa Busch de Pando).

Tampoco existen programas para drogodependientes y alcohólicos; existen 262 internos con VIH y VIH-SIDA y 29 con VIH y tuberculosis, que no cuentan con condiciones sanitarias necesarias ni se viabiliza el acceso oportuno a los antirretrovirales, tampoco cuentan con equipos multidisciplinarios para su tratamiento. Respecto a las personas de la población LGBT, estas son víctimas de prejuicios y estigmas y no existe datos estadísticos sobre esta población.

En cuanto a menores que viven en centros penitenciarios, a mayo de 2018, existían 374 niñas y niños, de los cuales, 88 se encontraban en recintos exclusivamente de mujeres, 173 en el penal de San Pedro de La Paz y 113 niñas y niños que viven en los centros penitenciarios mixtos; la mayoría no cuenta con atención pediátrica. En el caso de la atención especializada a las mujeres, los exámenes de cáncer de mama y Papanicolaou están condicionados a la existencia de campañas externas; no existe trato diferenciado para mujeres, madres o que tienen a su cargo un familiar adulto mayor o con discapacidad.

Ante estos y otros hallazgos, la Defensoría del Pueblo, entre las recomendaciones y determinaciones arribadas, pone el plazo de 180 días hábiles, a partir de la notificación con el presente informe, para gestionar la prosecución penal de las causas de las personas privadas de libertad preventivas, con la aplicación de salidas alternativas, la extinción o prescripción de los procesos y otros. Asimismo, plantea trabajar en una política criminal que refleje la voluntad del Estado y defina qué perseguir penalmente y cómo hacerlo.

El informe incluye recomendaciones a la Asamblea Legislativa, Fiscalía General del Estado, Órgano Judicial, Dirección de Régimen Penitenciario y Dirección de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de Gobierno, Tribunal Supremo Electoral (SERECI Y SEGIP), Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Culturas, Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud, Gobiernos Departamentales y Municipales, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y a las Direcciones de los centros penitenciarios.