La discoteca Planta Baja, ubicada en la calle Figueroa, lugar donde fueron vistos por última vez los desaparecidos Jesús Cañisaire y Carla Bellot en la madrugada del 1 de enero, no tenía licencia de funcionamiento y operaba de manera ilegal, motivo por el cual la Comuna la intervino en al menos siete oportunidades y la clausuró de forma definitiva.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo; el subalcalde del Macrodistrito Centro, Fernando Valencia, y la Intendenta Municipal, Velma Vargas, en conferencia de prensa en el Despacho del Palacio Consistorial, dieron detalles del trabajo edil respecto a este tipo de locales y explicaron que la Municipalidad, en cumplimiento de sus atribuciones, clausuró el recinto en el cual desapareció una pareja en la celebración de Año Nuevo.

Valencia enfatizó que dicha actividad operaba fuera de las disposiciones legales debido a que no cumplía los requerimientos técnicos para obtener una licencia de funcionamiento y a raíz de ello se determinó la clausura definitiva en noviembre de 2017.

“La clausura definitiva ha operado en noviembre de 2017 (…) La actividad económica Planta Baja ha seguido abriendo sus puertas en franca transgresión y desafío a las normas municipales y, aprovechando la fiestas de fin de año, ha llevado adelante una apertura ilegal”, explicó Valencia.

Vargas remarcó que debido a que la discoteca era ilegal y trabajó sin ningún tipo de autorización de la administración edil, la Intendencia y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana ejecutaron fiscalizaciones en siete oportunidades y realizaron una serie de decomisos.

“Se ha emitido los formularios sancionatorios los que ha finalizado con una resolución administrativa con clausura definitiva de la actividad. La continuidad de la actividad económica va en contra de toda la disposición municipal por lo que son otras instancias, como la Policía, que al verificar este tipo de actividades económicas que son ilegales, tienen que continuar con el sostenimiento para procurar que la actividad se mantenga cerrada”, explicó Vargas.

Los propietarios que abren actividades sin tener licencia de funcionamiento son pasible acciones legales. “El incumplimiento flagrante a la clausura definitiva del establecimiento impuesto por los Gobiernos Autónomos Municipales, se entenderá como contravención por desobediencia a la autoridad, debiendo la Policía Boliviana proceder al inmediato arresto, hasta de ocho horas, del propietario del establecimiento”, se establece en el artículo 26, parágrafo III de la Ley 259 de Control al Expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas, que fue leído por Valencia.