Activistas de derechos humanos y relacionados con las dictaduras militares en Bolivia señalan que la sentencia del Tribunal de Roma es una muestra de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser condenados “en cualquier momento”, pero critican que el Gobienro Boliviano no haya colaborado en el proceso seguido en el país mediterráneo.

Luis García Meza y Luis Arce Gómez fueron condenados a cadena perpetua en la III Corte Penal del Tribunal de Roma junto con seis ex militares de  Uruguay, Perú y Chile.  Los ex jefes militares latinoamericanos fueron acusados de la desaparición de 42 personas dentro del Plan Cóndor, entre los que se encontraban 23 activistas de izquierda italianos.

“Importa mucho la condena, sobre todo porque los dictadores han negado sus crímenes, no esperamos que reconozcan, pero es necesario una sentencia como la que se aprobó en Roma, puede ser muy interesante para ponerlos en evidencia, se mostrará a los culpables, lo cual es importante y así quedará claro que los crímenes de lesa humanidad pueden ser condenados en cualquier momento”, manifiesta Remeberto Cárdenas, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP).

Por su parte, el presidente de la Plataforma de sobrevivientes de la dictadura, Julio Llanos, manifestó que la sentencia está “acorde a la gravedad de los hechos”, pero critica que el Estado boliviano no haya colaborado. “El Estado boliviano no ha aportado nada, en ese juicio está también García Meza, el Estado boliviano lo protege, no ha hecho nada”, sentenció.

Cárdenas señaló que esta sentencia no cambia en nada la que están cumpliendo ambos ex militares en Bolivia, pero que puede incidir en las pretensiones de García Meza de que se realice una revisión de su sentencia y de conseguir libertad condicional. Al ser encontrados culpables, García Meza y Arce Gómez deberían ser extraditados a Italia para cumplir la cadena perpetua en ese país. García Meza y Arce Gómez cumplen sentencias de 30 años en Bolivia en el penal de Chonchocoro.

Asimismo, fueron encontrados culpables Juan Carlos Blanco de Uruguay, los ex militares chilenos Jerónimo Hernán Ramírez Ramírez y Francisco Rafael Valderrama Ahumada; del Perú Francisco Cerruti Morales Bermúdez y Pedro Pitcher Prada y Germán Ruiz Figueroa

La sentencia es el resultado de una investigación de más de nueve años llevada a cabo por la Fiscalía de Roma. Inicialmente la fiscalía pidió la aprensión de 146 represores y ex funcionarios (61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos), pero el número fue reducido por la muerte de algunos y el hecho de que otros se encontraban cumpliendo sentencia en sus países. 

El juicio inició formalmente el 12 de febrero de 2015 con 27 imputados, para los que se pidió cadena perpetua.  El proceso se basó en investigaciones de casi una década y sesenta audiencias en primera instancia. Finalmente se absolvió a 19 acusados.

 El Plan Cóndor fue ideado por el chileno Augusto Pinochet y coordinado por los gobierno dictatoriales de Sudamérica durante las décadas de 1970 y 1980.