Santa Cruz, 10 de agosto (Oxígeno).- Más de doscientos guaraníes bloquearon desde el mediodía el acceso a la planta separadora de Río Grande de YPFB Chaco en contra de las labores de exploración en áreas protegidas dispuesto por el Gobierno a través del Decreto Supremo 2366.

El representante del Consejo Continental de Pueblo Guaraníes, Celso Padilla, dijo que una comitiva de Takovo Mora se desplazó al lugar para impedir la circulación y el ingreso a la mencionada planta con un bloqueo que se desarrolla con carácter indefinido en el único camino de ingreso a la zona del Bloque El Dorado al sur de la ciudad de Santa Cruz,

“No se ha tomado en cuenta el protocolo de la consulta previa, hemos emitido cartas al Gobierno para que se respete la norma porque, según la línea base, el territorio intervenido corresponde a la categoría uno, es decir, los cuatro pozos que están siendo intervenidos, de forma inicial, están dentro del TCO (Territorio Comunitario Originario) y la decisión corresponde a los pueblos originarios”, explicó el dirigente.

El Gobierno por su parte afirma que las zonas intervenidas  están dentro de tierras privadas y que la intervención está justificada en base a una ficha ambiental dispuesta por el Viceministerio de Medio Ambiente que ha hecho el estudio legal y de factibilidad correspondiente

“Lo que alega el Gobierno es falso, porque se ha vulnerado el principio de la consulta previa establecida por ley por eso es hemos solicitado un diálogo para explicar nuestra postura; sin embargo, no nos han respondido y es por eso que estamos molestos”, dijo por su parte la líder indígena Wilma Redondo.

El bloqueo se ha instalado de forma paulatina desde las 10.00 y fue total a partir del mediodía de este lunes. Informó que en las siguientes horas las medidas de protesta serán reforzadas por comunarios de las otras tres capitanías de los pueblos guaraníes de Alto Parapetí y Cahuazú.

Se prevé que para este martes llegue una comisión ministerial para buscar una solución al problema y se pueda levantar la medida de presión con la anulación de las disposiciones que establecen la intervención en áreas protegidas.

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