El intento de procesar a la periodista Amalia Pando por una supuesta vulneración a la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación es una prueba más de que uno de los objetivos de esa norma es el control de los contenidos que se difunden por la prensa.

No es el primero ni será el último. Todo está enmarcado en la pretensión, no solo del MAS sino de cualquier otra organización política, de controlar al periodismo.

Ese intento de control nació con el periodismo y, en el caso de América, estuvo presente en todas las normas vinculadas a la comunicación. La corona española promulgó hasta 22 leyes que garantizaban la seguridad de la correspondencia y, al mismo tiempo, fijaban nomas y procedimientos tanto para el envío de cartas como para las comunicaciones oficiales con sus colonias. Era, entonces, una eficaz forma de censura.

En Bolivia, la primera Ley de Imprenta fue promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre el 7 de diciembre de 1826 y, más allá de instaurar legalmente la libertad de prensa, lo que hacía era fijar restricciones. Llegaba al extremo de sancionar los delitos de imprenta con “la pena de seis meses a un año de destierro fuera del territorio de la República, y perderán para siempre sus destinos, si fuesen empleados”.

Por tanto, no debería de sorprendernos que los gobiernos, los nuestros y los ajenos, traten de controlar a la prensa. Nuestra historia está plagada de intentos de restricciones que fueron resistidos por los periodistas que consiguieron, a duras penas, mantener sin cambios la Ley de Imprenta de 1925. Cada vez que algún gobierno intenta tocar esa ley, el sector reacciona para evitarlo y la fórmula resultó hasta el intento de promulgar una nueva que fue proyectada por un senador de la desaparecida ADN.

La “Ley mordaza” de Rolón Anaya intentó perforar la libertad de prensa cambiando la Ley de Imprenta. Como no resultó, los gobiernos optaron por otra estrategia: en lugar de hacer agujeros, comenzaron a causar rajaduras.

Así, varios artículos que restringen la libertad de prensa fueron hábilmente deslizados en muchas leyes nuevas. Por ejemplo, el Código del Niño, Niña y Adolescente incluyó la prohibición de publicar fotografías de menores que sean sujetos de procesos. La ambigüedad de esa norma dio lugar a varios intentos de juicio contra periodistas y medios de prensa.

Cuando se debatía la Ley 045, las organizaciones de prensa se opusieron no porque estén en contra de la lucha contra el racismo y la discriminación sino porque ese instrumento legal contiene normas que darían lugar a juicios por la vía ordinaria. Lo de Amalia Pando no es el primer caso ni será el último.

La diferencia entre el MAS y los que le precedieron en el gobierno es que aquel logró imponer sus rajaduras y los periodistas no pudimos impedirlo. Hoy en día, los medios incluso están obligados a transmitir actos oficiales y publicar mensajes “de concientización” sobre ciertas normas pese a que eso es tanto como obligar a trabajar sin percibir una justa retribución.

Intentan juzgarnos y nos quejamos pero, extrañamente, no hacemos nada para rellenar las rajaduras que el actual gobierno le ha causado a la libertad de prensa.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.