Los listados de problemáticas que son percibidas como tales por la base social de nuestros municipios, no incluyen la exclusión social ni la primitiva calidad del desarrollo humano que se encuentran detrás de los actos delictivos, la violencia, el maltrato, la explotación y otros que forman parte de la mala noticia cotidiana.

La relación clientelar que se ha establecido como principio de contractualidad entre partidos políticos, candidatas, canditatos y un conjunto de sectores organizados, que se asumen como representantes de toda la comunidad, determinan que ni la inclusión social, la educación, la formación de valores sociales o la generación de climas saludables y seguros para nuestro desarrollo sean priorizados en su justa necesidad en las propuestas de gobierno que se vienen promoviendo en los procesos electorales municipales.

Para satisfacer a electoras y electores, abundan promesas de caminos, hospitales, canchas, mercados, etc., que si bien son necesarios, son insuficientes en  términos de plantear procesos que generen condiciones para lograr el vivir bien a corto, mediano y largo plazo de toda la diversidad de habitantes y estantes de nuestros municipios. La oferta de acciones a favor de poblaciones vulnerabilizadas por la exclusión, está prácticamente ausente y cuando emerge, propone medidas de asistencia y atención, las que, en algunos casos, son expresadas por candidatas y candidatos de algunos grupos poblacionales en proceso de inclusión social cuya participación han articulado algunos partidos en municipios del eje y cercanos al eje de desarrollo de nuestro estado, estableciendo una vez más la visión sectorial que se le impone a la inclusión social.

En casos que pueden ser calificados de excepcionales, los partidos han asumido la misión de ampliar los horizontes de desarrollo de sus probables electoras y electores, planteando la superación de nuestras problemáticas sociales con una propuesta de desarrollo humano que se implemente desde y hacia lo social.

En términos de producir identidad convergente con la realidad poblacional, es necesario generar espacios y acciones que le permitan a la comunidad percibir y convivir con la diversidad de habitantes y estantes que constituyen cada municipio, promoviendo su participación y garantizando que ésta acontezca en condiciones de seguridad y de manera potente.

Los procesos de constitución del control social deben privilegiar la participación de poblaciones que están gestionando su inclusión social. La emergencia de consejos ciudadanos para cada sector en proceso de inclusión social termina desarticulando un proyecto global de desarrollo, que nos incluya a todas y todos y reproduce la percepción de que las acciones que se toman desde esos espacios beneficia a unos pocos.

De la misma manera, debe promoverse que cada organización barrial o comunitaria, convoque a un alto porcentaje de sus habitantes y estantes, privilegiando la participación de las personas en proceso de inclusión social de sus barrios, de sus comunidades, para que los POAS dejen de producirse atendiendo visiones adulto centristas, patriarcales y normalizadoras de desarrollo.

Un enfoque de inclusión social intersectorial debe atravesar la planificación de todas las dimensiones que se conciben como desarrollo social de los municipios: el desarrollo cultural, económico, productivo, territorial, de desarrollo urbano, la gestión de riesgos, la participación y el control social.

La incorporación de una visión incluyente transversal y diversificada, no sólo alude a la incorporación valorizada de aquellos grupos poblacionales cuya exclusión ya ha sido identificada. Implica además la identificación y valorización de dimensiones de desarrollo que actualmente no son valorizadas por la comunidad, de ello deviene qué se percibe como obra y qué no. En dicho sentido, si bien mayor control policial y profundizar la penalización puede estar relacionada con la disminución de la violencia, algo que casi cada candidata y candidato a concejalía ofrece, la seguridad ciudadana, o en este caso la vivencia de inseguridad constante, atraviesa tanto la existencia física como la existencia psico – social de nuestra comunidad. Es producida por procesos educativos, o la omisión de éstos por diversas circunstancias, en las que se construyen valores violentos a partir de prácticas violentas, por lo que la superación de problemáticas como ésta, demanda medidas educativas inmediatas, profundas y cotidianas, que requieren una dimensión de visibilidad del electorado muy diferente al que requiere la percepción como obra de una plaza, un mingitorio o una cancha. Pocas candidatas y candidatos, sabiéndolo o tal vez por ello mismo, asumen ese reto.

Otro aspecto necesario de abordar en perspectiva de una gestión municipal incluyente, es que en tanto no se deconstruyan aquellos principios paradigmáticos que producen las diversas exclusiones, las mismas van a seguir ocurriendo. En tanto se gestiona la inclusión de un grupo poblacional, está ocurriendo la exclusión de otro. El proceso excluyente es continuado y constante, cambiando si acaso, de protagonistas. Por ello sería saludable incorporar en la gestión municipal observatorios que den cuenta de éstos procesos y gestionen medidas transversales para identificarlos oportunamente y superarlos, universalizando cada vez más la activación identital, cultural, política y económica de nuestras poblaciones.

Tanto la gestión de restitución de derechos humanos como la de inclusión social, que no son necesariamente lo mismo, debe municipalizarse y estar presente en cada distrito. Las defensorías departamentales y los comités de lucha contra la discriminación, no están procesando de manera oportuna y adecuada las denuncias de discriminación, exclusión y vulneración de derechos, generando situaciones de impunidad y de otra violencia, la de la constante denuncia.

No es saludable sectorializar estos procesos. La idea de los SLIMS y de las defensorías de la niñez debe transversalizarse en beneficio de todo proceso que denuncie violencia, discriminación y demande inclusión y restitución de derechos. Su activación en el nivel municipal radica también en la necesidad de articular esta dimensión de restitución social con los planes de desarrollo en todos los ámbitos, los cuales son responsabilidad del nivel municipal. Dispositivos institucionales con capacidad de decisión, con mayor presupuesto y recursos humanos potentes articulados con y en los planes estratégicos de desarrollo municipal.