La decisión del Gobierno de crear un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) para financiar la expansión de la producción agropecuaria en Bolivia ha sido objeto de apoyos y críticas, pese a que el MEFP así como prestigiosas entidades empresariales -v.gr. CEPB, CAINCO, CAO- salieron al paso para explicar su alcance y tranquilizar a la población sobre la seguridad del uso y retorno de los recursos, al amparo de lo previsto por la Ley 065, que autoriza tal posibilidad.

El propio Vicepresidente del Estado se encargó de respaldar la iniciativa afirmando que el sector agropecuario tiene la seguridad adecuada para ser considerado dentro de las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP[PM1] [GARA2]  (“García Linera dice que es seguro financiar al agro”, EL DEBER, 25.1.2017), una aclaración necesaria, dado que no todos los jubilados ni aportantes a las AFP saben que miles de millones de dólares de su ahorro están ya invertidos de varias formas -incluso en otros Fondos de Inversión- bajo el espíritu de la Ley, de buscar una buena rentabilidad con riesgos acotados.

Pese a que la arquitectura del FIC dice cómo se garantizará el retorno de los 150 millones de dólares -el 1% del total de aportes del Sistema Integrado de Pensiones- se ensaña la crítica calificando de alto riesgo al sector agropecuario, sin saber que datos oficiales dan cuenta que éste es uno de los que mejor honra sus obligaciones.

CAINCO y CAO han explicado que el FIC no representará riesgo alguno para los ahorros de jubilación, todo lo contrario, siendo que el pago de una mayor tasa -entre 7% y 9%- mejorará la rentabilidad de los aportes de los trabajadores, además de que habrá más empleo, ingresos, divisas por exportación e impuestos.

El FIC financiará además a pequeños y medianos productores seleccionados por su capacidad de repago, con su producción de respaldo; las empresas agroindustriales garantizarán un 30% del monto; otro 30% se respaldará con el Fondo de Garantía constituido con utilidades de los bancos, y el propio Fondo invertirá 50 millones de dólares en otras opciones, diluyendo así el riesgo.

CAO y CAINCO, coherentes con esta iniciativa por un mayor desarrollo de Bolivia, han mantenido inclaudicable su pedido de eliminar toda restricción a las exportaciones; combatir el contrabando; acabar con el avasallamiento de tierras; mejorar el funcionamiento del INRA; permitir el uso de biotecnología y hacer más competitivo al país, para triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025.

Santa Cruz, 1 de febrero de 2017