Economía de Mercado
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Armando Méndez Morales
13/10/2015 - 11:06

Resultados inesperados sobre los estatutos autonómicos

En los cinco departamentos donde se votó si la gente estaba, o no, de acuerdo con el Estatuto Autonómico Departamental correspondiente, en ninguno se impuso el  sí, que habría sido de esperar, dado que en lo esencial está de acuerdo con la Constitución Política del Estado que por referéndum fue aprobada con el 61 por ciento de votos. En cambio, ahora la situación fue opuesta. Del total de votos validos el resultado fue el siguiente: En Oruro se impuso el no con el 74 %, en La Paz y en Potosí con el 68 %, en Cochabamba con el  62 % y en Chuquisaca con el 57 %.

En los estatutos, por ejemplo el correspondiente a La Paz, se repite integramente el articulo 300 de la Constitución Política del Estado donde se estipulan 36 competencias exclusivas. ¿Dónde podría estar el problema? Pueden haber muchas respuestas, entre ellas porque lo desconocido siempre genera temor.

Pero el problema también podría estar en la Constitución Política del Estado, que es un documento ampuloso y muy declarativo que determina que el desarrollo económico del país ha pasado a ser la tarea fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. El instrumento para ello es la planificación económica por parte del Estado central en coordinación con todas las regiones autonómicas que se den en el país.

En la parte referida a las “Bases fundamentales del Estado” de la Constitución, en su artículo segundo, sostiene algo muy complicado: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado”, ¿Cuáles territorios?, cuando en esos tiempos, lo que había eran espacios vacíos con mínima población, tierras abundantes sin dueño, donde no existía el concepto de derecho a la propiedad de la tierra.

La Constitución Política del Estado avala el retorno a lo que se denomina capitalismo de Estado. Es, por tanto, una constitución estatista e intervencionista,  porque el Estado vuelve a jugar el principal rol en la vida económica del país, en la búsqueda del desarrollo económico como del bienestar de la gente, en contra del principio de la modernidad, que sostiene que el motor es el individuo, con sus actividades, su trabajo, con sus iniciativas, sus esfuerzos, su creatividad, su sacrificio y sus valores. El Estado debe ser solamente supletorio y subsidiario.

Hasta ahora no ha sido posible concebir un sistema económico alternativo – y menos concretarlo- a lo que se denomina “economía de mercado o capitalismo”. Por tanto, Bolivia está regida, por un lado, por una fuerte presencia del Estado en las actividades económicas y, por otra, por un vertiginoso e imparable desarrollo de la economía de mercado, pero mayoritariamente informal, que se mueve no en cumplimiento de las leyes que supuestamente rigen para todos.

Pero al asumir el Estado boliviano el rol dirigente de toda la actividad económica del país, genera en todos el ideal de que el gobierno puede hacer de todo, que no tiene restricción de ingresos económicos para distribuirlos entre todas las regiones, para que éstas puedan asegurar el pleno bienestar a sus pobladores. En otros términos, la gente cree  que se puede construir un “Estado del bienestar” con independencia a nuestro bajo desarrollo económico.

Pero no sólo que la Constitución es estatista, en lo económico, sino que también es irreal, porque está completamente alejada de la verdadera capacidad que puede tener un Estado cualquiera y, en particular, el Estado boliviano. Le atribuye funciones, atribuciones y competencias para las cuales ni de lejos está preparado ni cuenta con los recursos suficientes, situación que no se modificará en el futuro. La  Constitución no corresponde a la realidad, Bolivia es una economía de mercado, con actores productivos que se organizan de manera diferente (empresarial, unipersonal, comunitaria, cooperativa, estatal).

Lo que queda claro de la actual Constitución, como intencionalidad, es que “El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación” (Art. 311.II.1.). Para vivir bien se establece que: “la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos” debe darse.  ¿Quién determina lo que es justo? Cabe también la pregunta ¿No será que buena parte de la votación negativa a los estatutos autonómicos esté reflejando un rechazo a estas determinaciones constitucionales? Lo esencial de una economía de mercado es que todo tipo de retribuciones se determinan por los precios prevalecientes de manera libre y competitiva en los mercados. Y esto es lo justo porque los intercambios se dan de manera voluntaria y no impuesta.

La Paz, octubre de 2015

 

*Profesor emérito de la UMSA y Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas

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